El decreto de ordenación del Pirineo no aborda el problema urbanístico

Las directrices parciales sobre la ordenación del Pirineo, que el Gobierno aragonés sacó a exposición pública a finales de julio, llegan en un momento decisivo. A pesar de que se trata de meras recomendaciones para las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza --"vinculantes" según la DGA para las autonomías municipales--, no han entrado a valorar los temas más polémicos, como, por ejemplo, el urbanismo, las estaciones de esquí o las necesarias partidas económicas que deben acompañar las buenas intenciones expuestas. Las alegaciones tienen un plazo de presentación de dos meses.
Hacía años que todos veían necesaria una norma para el Pirineo. Incluso el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se comprometió en su investidura a sacar adelante una ley específica que este mismo año rechazó definitivamente. Los intereses estaban tan enfrentados que hasta ahora ha sido imposible el acuerdo.
Y quizás para lograr un punto de partida futuro, las directrices sólo tocan de puntillas temas como el desarrollo sostenible del Pirineo frente a la importancia del turismo como motor económico; el boom urbanístico que vive la zona frente a la preocupación por la baja densidad de población, o la protección medioambiental frente a las ampliaciones de las estaciones de esquí.
No obstante, tanto los partidos políticos como los ecologistas y los propios ayuntamientos --representados en la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa)-- han mostrado su satisfacción por este decreto.
"Se trata de un marco de referencia vinculante de las actuaciones que se vayan a desarrollar, y precede a un programa de gestión territorial del Pirineo, con vigencia 2008-2015", se asegura desde el Ejecutivo autonómico. Será en la Ley de Ordenación del Territorio y en la reforma de la Ley Urbanística en donde se concreten las medidas.
Entre los temas que incluyen las directrices aparecen los relativos al desarrollo de la zona y "a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio de gran fragilidad, por lo que debe encontrarse el equilibrio entre conservación y desarrollo".
Joaquín Paricio, alcalde del PP en El Grado y miembro de Adelpa, valora de manera positiva que se haya negociado con las gentes del territorio y recogido sus alegaciones. "Estas directrices deben servir para el desarrollo sostenible, respetando la autonomía municipal. Aunque ahora hay que matizar los desarrollos urbanísticos, llegar a acuerdos en el tema de las estaciones de esquí y lograr unas medidas presupuestarias que hagan que estas medidas sean reales y no se queden en palabras".
El alcalde de Santaliestra, Javier Mur (CHA), que lamenta que no se haya optado por una Ley del Pirineo, reconoce que "todavía hay que entrar al detalle, porque no hemos valorado los temas urbanísticos". Pero admite que sí se han aceptado alegatos propuestos como "el que los aparcamientos de las estaciones de esquí se construyan en las poblaciones para minimizar el impacto medioambiental".
"Al final, entiendo que al presidente Iglesias no le quedará otro remedio que recurrir a una ley, porque estas directrices necesitan de una dotación económica para su aplicación", añade.
REACCION DE LOS ECOLOGISTAS Por su parte, ecologistas como José Luis Martínez, de la Plataforma en Defensa de las Montañas, critican que "no atienda a la introducción de elementos nuevos, como inversiones para el desarrollo, sino que se centre en otras facetas secundarias, como son los materiales o las alturas de los edificios". No obstante, destaca el "planteamiento serio, desde el punto de vista racional, del problema de la sostenibilidad en el Pirineo y de la fijación de población frente al turismo y el esquí".
Desde Ecologistas en Acción, José Luis Latas habla de "documento pobre" y recuerda la necesidad de una regulación urbanística del Pirineo. Latas denuncia el fuerte incremento de los campos de golf en el territorio y pide una moratoria hasta que no se apruebe una norma sobre este aspecto.